Jaume Matas Palou ha sido condenado a seis años de cárcel y nueve de inhabilitación por los delitos de malversación, falsedad documental, fraude a la Administración, prevaricación y tráfico de influencias. La condena se produce por beneficiar con dinero público al periodista, Antonio Alemany, que le escribía sus discursos.
La sentencia rebaja en dos años y medio la petición de la Fiscalía Anticorrupción que solicitaba ocho años para Matas. También rebaja en 3 años la condena al periodista Alemany, al que condena a 3 años y 9 meses de prisión y absuelve a las jefas de gabinete María Umbert y Dulce Linares para las que el Ministerio Público pedía cárcel.
El fallo se conoce en el mismo día en que el chófer del ex director general de Empleo de la Junta de Andalucía declara que gastaban 25.000 euros al mes en cocaína, que recibió 900.000 euros en subvenciones y que su jefe se reunía con Gaspar Zarrías, ex consejero de presidencia.
Hagamos una simple regla de tres: si por 461.550 euros de contratos al periodista que le redactaba los discursos la pena es de 6 años de cárcel para el presidente de la comunidad autónoma balear ¿cuántos años de prisión merecerán la desviación de 1.000 millones de los ERE fraudulentos en Andalucía y hasta dónde se llegará en los correctivos a los responsables políticos?
Esperemos que se haga justicia en todos y cada uno de los casos de corrupción en España y que todo aquel que haya metido la mano en la caja de forma irregular, la pague. Pero todos y en la misma proporción que dicte la ley. Sin más. Ni menos.
La sentencia rebaja en dos años y medio la petición de la Fiscalía Anticorrupción que solicitaba ocho años para Matas. También rebaja en 3 años la condena al periodista Alemany, al que condena a 3 años y 9 meses de prisión y absuelve a las jefas de gabinete María Umbert y Dulce Linares para las que el Ministerio Público pedía cárcel.
El fallo se conoce en el mismo día en que el chófer del ex director general de Empleo de la Junta de Andalucía declara que gastaban 25.000 euros al mes en cocaína, que recibió 900.000 euros en subvenciones y que su jefe se reunía con Gaspar Zarrías, ex consejero de presidencia.
Hagamos una simple regla de tres: si por 461.550 euros de contratos al periodista que le redactaba los discursos la pena es de 6 años de cárcel para el presidente de la comunidad autónoma balear ¿cuántos años de prisión merecerán la desviación de 1.000 millones de los ERE fraudulentos en Andalucía y hasta dónde se llegará en los correctivos a los responsables políticos?
Esperemos que se haga justicia en todos y cada uno de los casos de corrupción en España y que todo aquel que haya metido la mano en la caja de forma irregular, la pague. Pero todos y en la misma proporción que dicte la ley. Sin más. Ni menos.
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