La dificultad de gestionar el final de ETA

LA LUCHA CONTRA EL TERRORISMO

Temor a que la derrota de la banda se convierta en una victoria electoral ‘abertzale’

LUIS R. AIZPEOLEA Madrid 31 MAR 2012

El etarra José María Pérez Díaz, con su mujer, a la salida de la 
prisión de Burgos. / SANTI OTERO (EFE)

El pasado 20 de octubre, justo un mes antes de que se celebraran las elecciones generales, ETA declaró el cese definitivo de la violencia. El líder del PP, Mariano Rajoy, que ya se veía en La Moncloa, reaccionó con visión de Estado y valoró el acontecimiento histórico en contraste con el desprecio generalizado de la derecha mediática.

Rajoy, en estos cien días de Gobierno, no se ha desdicho de aquella declaración y mantiene su compromiso de gestionar el final de ETA. Pretende funcionar a su estilo, el de hacer las cosas sin que se noten. Pero está tan dedicado a afrontar la grave situación de la economía española que apenas ha tomado iniciativas. Ha tenido un gesto coherente con su reconocimiento del final definitivo de la violencia de ETA al aprobar recientemente la reducción de la mitad de los escoltas de los cargos políticos del País Vasco. Y lo ha reafirmado aún más al oponerse a la iniciativa de UPyD, en el Congreso para ilegalizar Amaiur, la marca de la izquierda abertzale.

Rajoy cuenta con un consenso básico con los socialistas y con el PNV para consolidar el final de la violencia que se ha materializado en la ponencia parlamentaria acordada el viernes en el Parlamento de Vitoria. En sus encuentros con el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba; el lehendakari, el socialista Patxi López, y el presidente del PNV, Iñigo Urkullu, acordó avanzar hacia la disolución de ETA, acompasándola con medidas sobre la memoria, la convivencia y la flexibilidad en la política penitenciaria.

Les anunció que no esperen de él grandes gestos como un acercamiento masivo de presos a cárceles vascas, como hizo José María Aznar durante la tregua de la banda de 1998-99. Pero sí se ha comprometido a dar pasos dentro de la ley, con el respaldo a la reinserción individualizada de los etarras. Ha pedido un margen de confianza, y Rubalcaba, López y Urkullu le han dado crédito.

Al frente del Ministerio del Interior, Rajoy ha colocado a un hombre de su confianza, Jorge Fernández, que le garantiza que no dará ningún paso sin su consentimiento. En este entramado político desempeña un papel clave el PP vasco, y Rajoy ha colocado a su número dos, Iñaki Oyarzábal, defensor de la política de “generosidad” para consolidar el final de ETA, como enlace del partido con el Gobierno y las asociaciones de víctimas. Rajoy también se ha asegurado con Patxi López un enlace permanente con el Gobierno vasco a través de los responsables de Interior.

El Gobierno se mueve en un difícil equilibrio. Por un lado, quiere contentar a los socialistas y al PNV, que defienden una política penitenciaria más activa con los presos de ETA. Por otro, no quiere irritar a la derecha radical y a los representantes de asociaciones de víctimas que apuestan por el inmovilismo.

El Gobierno se plantea para los próximos meses dar pasos en política penitenciaria de modo discreto y lento, para no levantar excesivo rechazo de la derecha radical. Pero también trata de avanzar con socialistas y PNV en un pacto de mínimos para mantener las exigencias sobre ETA y la izquierda abertzale con la vista puesta en la disolución de la banda y la deslegitimación de la violencia.

Gobierno, PSE y PNV tratan de evitar que la derrota de ETA se transforme en una victoria electoral de la izquierda abertzale en las próximas elecciones vascas. Esa es su batalla, y no es fácil. Las últimas medidas de los tribunales en el caso Bateragune, aplazando la resolución sobre la libertad de Otegi, y la concesión del amparo a solo tres de los 27 presos etarras que habían solicitado la revisión de ladoctrina Parot no contribuyen a ello.