EL ENDEUDAMIENTO DE LAS AUTONOMÍAS IMPIDE A ESPAÑA CONSEGUIR SUS OBJETIVOS DE DÉFICIT PRESUPUESTARIo
Joaquín Javaloys. Las agencias de calificación crediticia afirman que el despilfarro y el endeudamiento de las Comunidades autónomas es uno de los factores que impiden a España conseguir sus objetivos de déficit presupuestario. ¡Ya se ha comprobado en las cuentas de 2011!
Al examinar las Autonomías, lo primero que llama la atención es que han multiplicado el número de políticos y de funcionarios, que son necesarios para que funcione –aunque sea mal- el mastodóntico Estado autonómico. Desde la Transición democrática hasta hoy el número de funcionarios y asimilados se ha cuadruplicado, siendo actualmente de unos 3,2 millones de personas.
El principal inconveniente de la autonomía territorial es su altísimo coste, no siempre justificable, que se agrava porque la falta de control estatal facilita los despilfarros de los gobernantes de las CC.AA., quienes acaban financiándose con una deuda pública que ha llegado a ser inasumible, y que pone en peligro tanto la supervivencia de la propia autonomía territorial como la posibilidad de endeudamiento de un Estado cada vez menos solvente. En 2011 las CCAA costaron 86.333 millones solamente en personal y gastos corrientes.
Por el costosísimo y superendeudado Estado de las Autonomías nos estamos acercando cada vez más a la insolvencia, tanto estatal como de las CCAA, pues en 2011 las Autonomías debían ya 140.083 millones de euros más otros 51.515 de pasivos en circulación correspondientes a empresas y diversos entes autonómicos; o sea, un total de 191.597 millones de euros. Los políticos, con el enorme endeudamiento de sus CC.AA., se han comido vorazmente su “gallina de los huevos de oro”: las Autonomías.
Para financiar las Autonomías ha sido necesario aumentar los impuestos, hacer recortes sociales y establecer copagos en la prestación de ciertos servicios. Si no se recorta sustancialmente la estructura político-administrativa de las CCAA, entonces habría que adelgazar más todavía el ya debilitado Estado del Bienestar.
El modelo autonómico no es viable por sus altísimos costes y sus exigencias financieras, que no se corresponden con su escasa eficiencia en la prestación de servicios al ciudadano. Además, las Autonomías han roto la unidad normativa con la consiguiente quiebra de la unidad de mercado que encarece nuestros productos hasta hacerlos no competitivos a nivel europeo; así como la unidad lingüística, educativa y cultural. Puede concluirse afirmando que el Estado autonómico ha sido un fracaso político, económico y social, que ha fragmentado España.
Actualmente el Estado de las Autonomías está ya en una profunda crisis. El mito de las ventajas de las Autonomías para los ciudadanos se ha venido abajo.
Sin embargo, por su propio interés, los políticos se obstinan en mantener las competencias de sus CCAA. Nuestro modelo autonómico es ruinoso para el ciudadano; pero, en cambio, es muy provechoso para los partidos políticos predominantes en una comunidad autónoma, nacionalistas o no; para la burocracia creada por la autonomía y, sobre todo, para unas oligarquías caciquiles que, organizadas en grupos de presión, manejan en su territorio los presupuestos públicos a su antojo directamente o por medio de políticos afines instalados en puestos clave. Desde luego, las Autonomías son una fuente de poder y de puestos de trabajo para la clase política y para los militantes de unos partidos políticos que ejercen de agencias de colocación (de los suyos).
Griñán ha dicho que “no es tiempo de desistimientos ni de pasos atrás” en el modelo de Estado de las Autonomías. Por otra parte, Cospedal afirma que “las autonomías deben ser cooperantes necesarias para salir de la crisis”. ¿Por qué dos políticos de grandes partidos adversarios coinciden en defender las Autonomías? Los políticos saben que hay que reformarlas; y acabarán reformando las Autonomías lo mínimo posible, pero para que todo siga igual, o casi.
En todo caso, la continuidad de las actuales CCAA, que mantienen sus gigantescos presupuestos de gastos a pesar de una sustancial reducción de los ingresos, es problemática porque generan déficit presupuestario estructural que han de financiar con deuda pública; es decir, que cada vez serán más insolventes y se acercarán a su quiebra financiera. Por lo tanto, las CCAA imposibilitan que España cumpla sus objetivos de déficit y salga de la crisis.
Entonces, si llegase a ser necesario, ¿quién podrá rescatar a las CC.AA.? porque el hipotecado Estado español apenas cuenta con recursos. ¡Nadie!. La solución de los hispabonos no es tal porque si el Estado avala la deuda de CCAA cuya nota crediticia es la de bono basura, como la de la Comunidad Valenciana, entonces la calificación crediticia de España descenderá y será más cara la financiación de todas las administraciones públicas. ¡El suicidio de las CC.AA. se habría consumado!. La burbuja de la deuda autonómica tendrá que estallar pronto. La enfermedad que aqueja al Estado de las Autonomías es terminal, porque su bancarrota parece inevitable.
Llegado ese momento, Europa y los mercados financieros nos obligarán a elegir entre el mantenimiento de nuestras ruinosas Autonomías o nuestra pertenencia a la desarrollada Europa del euro. Si no se reduce ya sustancialmente el gasto y la estructura político-administrativa de las CCAA, la desaparición del Estado de las Autonomías llegará a ser inevitable, por una mera cuestión de supervivencia. ¡Estamos en el principio del fin de las Autonomías!: se vislumbra ya su ocaso.
Pero todavía estamos a tiempo de salir voluntariamente del ruinoso laberinto autonómico, antes de que Europa tenga que rescatarnos traumáticamente, para poder seguir en el selecto club del euro. Menos mal que existen salidas de ese laberinto. En mi reciente libro El Ocaso de las Autonomías expongo algunas de esas salidas. Unas son más factibles que otras.
Ciertos partidos políticos afirman que lo mejor es implantar en España un Estado federal, lo que es poco factible porque exige una profunda reforma esencial de la Constitución que los principales partidos rechazan. Además la implantación de un Estado federal supondría el reconocimiento de que el autonómico “café para todos” habría fracasado y que debería sustituirse por un federal “café con leche para todos”, igualmente ruinoso e insostenible.
A su vez, un número creciente de españoles son partidarios de la plena recentralización política, con devolución de las competencias de las CCAA al Estado central. Esta solución es inaceptable para los nacionalistas, por lo que resulta poco viable teniendo en cuenta que la autonomía territorial es un derecho constitucionalmente reconocido.
En mi opinión, las salidas más factibles del laberinto autonómico son las que conducen a un Estado unitario asimétrico porque, en principio, no exigen una modificación sustancial de la Constitución, aunque sí que sería conveniente que se llegase a un acuerdo entre el PP y el PSOE para modificar el Título VIII de la Constitución, con el fin de convertir a la autonomía territorial en algo autofinanciable, inconveniente y no atractivo. Entonces solo los nacionalistas seguirían empeñados en mantener la autonomía política en sus “nacionalidades”.
Si no se quiere modificar nada de la actual Constitución, la única salida factible sería que, como la autonomía es un derecho renunciable, las CCAA que lo acordasen (por ejemplo, solo las gobernadas por el PP) devolvieran al Estado todas sus competencias a cambio de grandes incentivos o ventajas como la asunción de sus deudas públicas por el Estado o la concesión a ellas de excepcionales y voluminosas inversiones creadoras de puestos de trabajo, además del mantenimiento de sus actuales Gobiernos autonómicos pero como Gobiernos regionales cuyo presidente fuese el mismo que había en su extinta Autonomía quien, además, sería el Delegado del Gobierno. De esta forma, solo las “nacionalidades” y alguna otra región (tal vez Canarias o Andalucía) mantendrían unas autonomías políticas armonizadas que, en todo caso, tendría techos competenciales y estabilidad presupuestaria.
Pero la elección de un nuevo modelo de Estado es algo demasiado serio para dejárselo solo a los políticos. Los ciudadanos no quieren verse arruinados por unas obligatorias Autonomías y, desde luego, quieren hacerse oír antes de que se haga una reforma estructural del Estado español. Con el fin de que los políticos, como representantes populares, sepan a qué atenerse, hay que pedir al Gobierno que convoque un Referéndum consultivo sobre la configuración de las Autonomías en un nuevo modelo de Estado. La convocatoria de Referéndum se haría de acuerdo con lo establecido en el artículo 92 de la Constitución y la Ley Orgánica 2/1980, de 18 de enero.
Los españoles ya han comenzado a moverse para exigir tal Referéndum. En Internet existe el sitio recortesparatodos.com donde se puede pedir al Gobierno la convocatoria del Referéndum. Además, el partido político Alternativa Española (AES) ha comenzado una Campaña de recogida de firmas para que los ciudadanos pidamos al Gobierno que convoque, en la forma legalmente establecida, un Referéndum sobre las Autonomías.
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