16/05/2012
El Congreso debatirá y convalidará mañana, previsiblemente, el real decreto-ley de medidas urgentes de racionalización del gasto público en Educación, con que las comunidades podrán ahorrar 3.000 millones de euros en conjunto, según calcula el Gobierno, para que no superen este año el 1,5 por ciento de déficit
El Pleno de la Cámara tendrá que pronunciarse, además, sobre su tramitación como proyecto legislativo, pues al menos los socialistas y La Izquierda Plural quieren que sea así, según fuentes parlamentarias. El real decreto-ley, que contará como mínimo con el respaldo de la mayoría absoluta del Grupo Popular, fue aprobado por el Consejo de Ministros el 20 de abril. Afecta a todos los niveles educativos de forma temporal o permanente e implica la modificación parcial de las leyes orgánicas de Educación (LOE) y de Universidades (LOU), aunque “se ha salvaguardado el contenido esencial” del derecho a la Educación regulado en el artículo 27 de la Constitución, según se asegura en la norma.
Su aplicación por las autonomías se basa en la “flexibilidad”, según sus necesidades financieras, y en la combinación de los objetivos “irrenunciables” de calidad y eficiencia del sistema educativo y el cumplimiento de los objetivos obligatorios de estabilidad presupuestaria. Entre otras medidas de la enseñanza no universitaria, el máximo de alumnos por aula de centros públicos y privados concertados podrá aumentar un 20 por ciento, siempre que la limitación de la tasa anual de reposición de funcionarios docentes sea inferior al 50 por ciento.
El profesorado de la Educación pública y concertada en Infantil y Primaria tendrá un mínimo de 25 horas lectivas semanales, y de 20 en las otras enseñanzas. Las sustituciones transitorias de profesorado titular se producirán sólo a partir del décimo día lectivo de baja, tanto en centros públicos como concertados. Se establece un aplazamiento de los ciclos de 2.000 horas de FP al curso 2014-15, y los centros no tendrán que ofertar como mínimo dos de las modalidades de Bachillerato.
En las universidades públicas, los alumnos pagarán en primera matrícula entre el 15 y el 25 por ciento, según decida cada comunidad, del coste real de los grados y los másteres que habilitan para ejercer profesiones. El incremento de la segunda y siguientes matrículas en unos mismos estudios por los repetidores será progresivo hasta llegar a cubrir todo el coste de las enseñanzas. Las cuentas de las universidades se regirán por el principio de estabilidad presupuestaria, con un máximo de gasto que no podrán sobrepasar.
Además, se limita la incorporación de personal de nuevo ingreso en las universidades y adaptación del régimen de dedicación del profesorado, según la dedicación docente e investigadora. Aparte, las comunidades racionalizarán el número de titulaciones de Grado en diálogo con las universidades.
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