REDACCIÓN HO / EP.-
Justicia descarta eliminar su despenalización porque, dice, "no se trata de una vulneración de sus derechos". Ya los nazis hicieron bandera de esta práctica eugenésica heredada de la República de Weimar, en aras a la "pureza racial".
El Ministerio de Justicia descarta eliminar el artículo 156.2 del Código Penal que despenaliza la esterilización forzosa de personas con discapacidad declaradas incapaces judicialmente porque considera que no se trata de una vulneración de sus derechos. No obstante, estudiará la regulación de un "procedimiento especial" para estas prácticas mediante la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Así lo explica la directora de gabinete del ministro Alberto Ruiz Gallardón, Cristina Coto del Valle, en una carta dirigida al presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), quien había rogado al Ejecutivo la supresión del citado artículo por considerar que viola la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad y atenta contra los Derechos Humanos.
Según la carta, a la que ha tenido acceso Europa Press, Justicia considera que "la esterilización de la persona incapaz realizada con autorización judicial, otorgada por concurrir los elementos justificadores de carácter material y formal definidos en la Ley, y tomando como criterio rector el mayor interés de la persona que sufre graves deficiencias físicas, no supone ir en contra de los principios de la Convención".
En este sentido, la directora del Gabinete del ministro argumenta que la ley "sólo" despenaliza la esterilización forzosa "cuando la persona por su incapacidad psíquica grave, no puede prestar consentimiento libre e informado, lo que si será totalmente exigible para el resto de personas con discapacidad", según recoge la misiva oficial.
Con todo, Coto Del Valle considera que esta regulación "es susceptible de mejoras", especialmente en el ámbito civil, tanto desde un aspecto sustantivo, "con el incremento de las garantías previstas y objetivando expresamente las razones de esta intervención", como desde un punto de vista procesal, "estudiando la posibilidad de regular un procedimiento especial en la Ley de Enjuiciamiento Civil".
Espantosa "vulneración" de derechos
Por su parte, el CERMI ha contestado con otra misiva pidiendo a Gallardón que reconsidere la "errónea" posición y proceda "de forma inmediata" a abrir un diálogo con el movimiento asociativo de la discapacidad, para desterrar una "espantosa" vulneración de derechos.
Desde el CERMI se manifiesta el "más intenso estupor" ante el contenido del escrito del Ministerio, así como una "honda" decepción y un "enorme" lamento por los argumentos que ofrece Justicia para justificar "algo que es internacionalmente reconocido como una violación de derechos humanos".
Según explica el Comité, los tratados internacionales reconocen que todas las personas con discapacidad deben ejercer sus derechos sexuales y reproductivos en igualdad de condiciones y, por lo tanto, es "obligación" de los poderes públicos protegerles "sin injerencias indebidas, condenando a quienes pueden obstaculizar su disfrute".
"Lo que nuestro Código Penal tipifica como indeseable para todas las personas, algunas instancias, superadas por el tiempo y el avance de la dignidad, lo quieren justificar para aquellas que tengan una discapacidad, al amparo de un interés legítimo, que sólo responde a la ignorancia y desidia en poner los medios para que las personas con discapacidad puedan tener la decisión plena sobre su salud sexual y su capacidad reproductiva y de tener descendencia", reza la carta del CERMI.
La pasada semana, Madrid acogió una conferencia internacional para analizar los desafíos del nuevo milenio en las mujeres y niñas con discapacidad, principales sujetos de la esterilización forzosa en España, durante la que se abordó esta cuestión. La comisionada de género del CERMI, Ana Peláez, denunció en la presentación del evento que la esterilización forzosa es "un tema que incomoda a todo el mundo" y que por eso, ni se denuncian todos los casos ni hay datos estadísticos al respecto.
"La forma de evitar embarazos es muy amplia, no podemos usar mutilaciones", reclamó Peláez, quien incidió que la principal consecuencia de esta medida que adoptan los tutores legales de la mujer con discapacidad tras dictarse una orden judicial, es que "la exposición al abuso sexual" de estas mujeres es "mucho mayor", dado que el abusador sabe que no habrá consecuencias visibles de sus actos al no existir posibilidad de embarazo.
Esta permisividad con la esterilización no consentida y no conocida en muchos casos por las mujeres que la padecen no es exclusiva de España, ya que se da en distintos países de la Unión Europea, así como en Estados Unidos, Canadá, Japón o Australia. Peláez destacó que, de hecho, en Norteamérica han comenzado a surgir denuncias de mujeres que fueron esterilizadas contra su voluntad en la adolescencia y que en su madurez exigen ser resarcidas por esa violación de sus derechos.
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