Ley de 'muerte digna': una puerta a la eutanasia que pervierte el noble fin médico

DAV crea un grupo de expertos ante la nueva norma.
Vídeo: Alfonso López de la Osa, profesor de Derecho Administrativo de la UCM: Lo que debe y no debe esperarse de la nueva ley. (Ver vídeo. Duración: 1:15)
Vídeo: Álvaro Gándara, médico especialista en Cuidados Paliativos; Diferencia entre sedación y eutanasia (Ver vídeo. Duración: 1:08)
Vídeo: Álvaro Gándara, presidente de la Sociedad Madrileña de Cuidados Paliativos: Qué es morir dignamente (Ver vídeo. Duración: 1:37)
Artículo recomendado: Política de Estado al final de la vida

MADRID, 13 DE MAYO DE 2011.- La portavoz de Derecho a Vivir, Gádor Joya, lamentó que los primeros datos del anteproyecto de Ley de Cuidados Paliativos y de Muerte Digna, conocidos este viernes con motivo de su aprobación por el Consejo de Ministros, indiquen “una regulación ambigua que puede abrir la puerta a prácticas eutanásicas, que inventa un falso derecho a la sedación y degrada el papel del médico al de un simple ejecutor de la voluntad del paciente o de su familia”.

Gádor Joya anunció para la próxima semana la presentación a la Opinión Pública del primer análisis independiente del proyecto legislativo, elaborado por el grupo de expertos en Cuidados Paliativos y Derecho Sanitario que Derecho a Vivir ha creado para seguir el proceso de elaboración de la nueva norma.
“Todo indica que el Gobierno ha desechado una ocasión para apostar por una verdadera política de Cuidados Paliativos, tan necesaria, y ha vuelto a elegir el camino de la manipulación ideológica, la confusión de los ciudadanos y el deterioro de las libertades y derechos fundamentales”, apuntó la doctora Joya tras ponderar los primeros elementos del proyecto del Gobierno, difundidos después de su aprobación en la reunión del Consejo de Ministros celebrado este viernes.

Los primeros mensajes lanzados por el Gobierno son “decepcionantes”, dijo Gádor Joya.

Los ciudadanos “podían esperar una iniciativa decidida por la calidad de los cuidados paliativos en España y se encuentran con otra ley que inventa falsos derechos mientras recorta derechos auténticos”, comentó la portavoz de Derecho a Vivir.

“Los cuidados paliativos necesitan recursos, criterios científicos comunes para toda España y convicción política de que el fin de todo es la calidad de vida del paciente en todas las fases de su enfermedad. Ninguna de estas necesidades se plasman en el borrador, por lo que sabemos, y es lamentable que el Gobierno vuelva a jugar la carta ideológica y manipuladora en un asunto tan serio”, explicó Gádor Joya.

“Si la ley se inventa un derecho a la sedación terminal o a la retirada de soportes vitales no extraordinarios, y obliga a los médicos a administrarla por el simple deseo del paciente o de sus familiares, ello abrirá la puerta a prácticas eutanásicas en España”, dijo Gádor Joya.

“Vamos a estar especialmente vigilantes a cualquier intento de crear falsos derechos a costa de recortar otros, como por ejemplo, el derecho del médico a cuidar del paciente con el mayor esmero y profesionalidad hasta el final de la vida”, señaló Gádor Joya. “No conozco a nadie que no esté a favor de una muerte digna para sí mismo y para los demás”, explicó Gádor Joya, que definió este concepto: “Morir dignamente es vivir con dignidad hasta el final. Un final sin síntomas, rodeado de seres queridos, lúcido, decidiendo por sí mismo, en su casa,… ¿Quién no está a favor de una muerte digna”, se preguntó la representante de Derecho a Vivir.

“El problema es que el Gobierno aprovecha un ideal político bueno, que es realizable mediante una apuesta decidida por el desarrollo de un Plan Nacional de Cuidados Paliativos, para colar a los ciudadanos por la puerta de atrás el debate sobre la eutanasia y, si es posible y las fuerzas parlamentarias se lo permiten, también una legislación que se desliza hacia las prácticas eutanásicas y crea un falso derecho que nada tiene que ver con el sentido de una muerte digna”, comentó la portavoz DAV.

Gádor Joya anunció una campaña de seguimiento, información y movilización de la opinión pública para “que los españoles conozcan las consecuencias prácticas que este proyecto de ley tendrá para cada uno y para sus seres queridos, en el caso de que llegue a aprobarse en las Cortes”.