La falta de un modelo constitucional autonómico y el hecho de que la
descentralización de España se haya hecho para contentar a los nacionalistas y
a impulsos electorales de los barones territoriales de los partidos políticos han
dado lugar a que resulte un Estado autonómico en el que proliferan las
duplicidades o triplicidades, las redundancias y los excesos administrativos,
porque se ha generalizado una mentalidad “autonómica” que consiste en asumir la
mayor cantidad posible de competencias, porque a más competencias mayor poder,
aunque sea necesario endeudarse para ejercer competencias adicionales.
Los políticos gobernantes de las entidades políticas territoriales,
comunidades autónomas o ayuntamientos han procurado obtener la mayor cantidad
posible de competencias, sin tener en cuenta si ello beneficiaba o no a los
ciudadanos y tampoco si podían ejercerlas eficientemente, dados sus recursos
disponibles. Finalmente las CCAA se han convertido en voraces mini-Estados que
han intentado dotarse de una administración cuasi-estatal, desproporcionada y
despilfarradora, en la que abundan las duplicidades
.
La concurrencia de administraciones
superpuestas (estatal, autonómica, provincial y municipal) es causa de
numerosas duplicidades y redundancias. El sistema autonómico existente sufre de
falta de coordinación efectiva, que produce duplicidades en la actuación y en
su coste, pues han multiplicado por 17 los órganos y entidades de la
Administración: 17 Parlamentos, 17 Gobiernos autonómicos, 17 Defensores del
Pueblo, 17 Tribunales de Cuentas, 17 Agencias de Protección de Datos, 17
Institutos Meteorológicos, 17 Institutos de Estadística, 17 TVs públicas
(algunas de ellas con varios canales) y, en fin, 17 de todo, como un verdadero
semi-Estado que se precie. ¡Ah!, y miles de empresas públicas y entes
autonómicos; así como órganos representativos para mejorar las relaciones
“internacionales”: embajadas y oficinas comerciales y de turismo en el
extranjero, amén de oficinas de representación en Madrid y en otras capitales
españolas. En 1999, el Gobierno vasco contaba con una única oficina en el
exterior (Bruselas). Hoy en día, su red cuenta con ocho embajadas. En los
últimos nueve años el País Vasco ha destinado 27,6 millones de euros a esta
política. Lo mismo ocurre también en Cataluña, que cuenta con
delegaciones en Alemania, Reino Unido, Nueva York y Francia, para lo que se han
destinado, en 2009, 25,9 millones de euros.
Actualmente el grado de descentralización del gasto público en las
ruinosas CCAA es mayor en España que en cualquier Estado federal. UPyD estima
en 40.000 millones de euros el despilfarro existente como “gasto excesivo”, por
la existencia de duplicidades y redundancias. Por mi parte, yo creo que esa estimación
se queda corta, y que la verdadera cifra de gasto innecesario por duplicidades
sería de unos 50.000 millones. En todo caso, dicha cifra es muy considerable,
teniendo en cuenta que, en 2011, las CCAA costaron 86.333 millones de euros,
solo en personal y gastos corrientes.
Además, hay que tener en cuenta que, en marzo de 2011, los empleados
públicos en las CCAA eran 1.748.160, y que de ellos, solo algo menos de la
mitad de esa cifra se explica por el traspaso de competencias. En dos años, en
plena crisis económica, el empleo público en las Autonomías —que ha favorecido
principalmente a militantes de los partidos y a otros enchufados— ha aumentado
en 415.316 personas; en enero de 2009, los empleados públicos sólo eran
1.332.844. Ese aumento se debe a que las administraciones autonómicas han
seguido creciendo en ese periodo para poder ocuparse bien de las duplicidades y
de las redundancias existentes.
Ante estas cifras un observador extranjero,
desconocedor de nuestro singular Estado de las Autonomías, deduciría que en
España somos muy ricos, a la vista del aumento de empleados públicos y del
coste de las lujosas CCAA, por gastos públicos necesarios y por duplicidades y
redundancias. Pues ¡nada de eso! Lo que ocurre es que, los gobernantes
autonómicos, si no hay consignación presupuestaria para un gasto importante
para ellos, acuden inmediatamente a la deuda pública. Efectivamente, la pésima
e irresponsable costumbre del endeudamiento se da tanto en las Comunidades
gobernadas por el PSOE, como en las del PP y en la nacionalista Cataluña. Todos
los partidos políticos tienen el mismo vicio: gastar por encima de lo
presupuestado y de las posibilidades. ¡Si al menos lo gastaran bien! Pero,
¡no!: las cuentas de las CC.AA. son escandalosas porque, muchas veces, muestran
inútiles despilfarros. ¡Claro!, parece que el dinero que gastan no es de nadie,
ni siquiera de los contribuyentes.
El problema es de base. Las CCAA llevan años
presupuestando por debajo de lo que gastan en la Sanidad —entre un 15 a 20% menos, según los
expertos— y esa diferencia continúa acumulándose. La Infra-financiación es el
principal problema que aducen la mayoría de las comunidades cuando se les
menciona la deuda. Lo que no dicen es que esa Infra-financiación se debe a que
la prestación de servicios sanitarios es, por economías de escala, por lo menos
un 20 % más caro si lo gestionan 17 CCAA que si lo hace directamente la
administración del Estado.
Por ello, como demostraron S. Alcelay e Y.
Gómez, en un artículo publicado en ABC el 2 de abril de 2012, “las Autonomías
han doblado el gasto en Sanidad y educación en diez años”. Desde luego, ello no
se debe a que han duplicado los servicios sanitarios en diez años, sino al
mayor coste de la Sanidad y de la Educación, si la prestan 17 CCAA en vez del
Estado, y también a la existencia de duplicidades y redundancias.
En definitiva, lo que resulta indudable es
que nuestro modelo autonómico es muy ruinoso para los ciudadanos, que sufren
los recortes sociales, los copagos y los aumentos de impuestos que son
necesarios para reducir la asfixia financiera de las CCAA, que ellas mismas han
provocado con sus despilfarros, sus duplicidades y su excesivo endeudamiento.
Pero, ¿existe alguna manera de eliminar las
duplicidades Estado-CCAA? Por supuesto que sí; hay varias formas de
eliminarlas. La primera, tan obvia como radical, es eliminar las Autonomías,
aunque ello tropieza con dos obstáculos enormes: uno, porque la autonomía
territorial es un derecho reconocido en la Constitución española y para
eliminarla es preciso modificar profundamente la Constitución; otro, porque los
partidos mayoritarios y los nacionalistas prefieren mantener las actuales CCAA
en vez de refundar el Estado, ya que las Autonomías son una fuente de poder y
de puestos de trabajo para la clase política y para los militantes de los
partidos políticos. En efecto, las CCAA mantienen a legiones de políticos y de
enchufados.
Para eliminar las costosas duplicidades
Estado-CCAA hay que proceder por fases. Lo más urgente es revisar la
distribución de competencias entre el Estado y las CCAA, porque aunque el
modelo previsto en los artículos 148 y 149 de la CE es asumible, la aplicación
abusiva de lo previsto en el artículo 150.2, referente a la posibilidad de
transferir a las comunidades autónomas facultades de competencia exclusiva del
Estado, ha vaciado la Administración del Estado, que actualmente realiza sólo
el 21 % del gasto público, por lo que se ha convertido en una administración
residual. Por lo tanto, el Estado debe reasumir las competencias exclusivas que
le corresponden constitucionalmente, evitando la mayoría de las duplicidades y
redundancias existentes. Todos los españoles, independientemente del lugar en
que habiten, deben obtener los servicios sociales con un nivel de calidad
similar, pero ya sabemos que ciertas comunidades autónomas, como Cataluña,
aplican prioritariamente los recortes presupuestarios a la Sanidad y a otros
servicios sociales en lugar de hacerlo en asuntos identitarios y en “adelgazar”
la administración y las empresas públicas.
Además, es indispensable la aprobación de
leyes orgánicas que normalicen las autonomías territoriales en un nivel
semejante, para que todos los territorios autónomos establezcan techos
competenciales.
Antes o después, deberemos entrar en razón y,
sea para lograr el bien común o por imposición de Europa —tal vez tras una intervención
o rescate de España— ante la insostenibilidad económica del “café para todos”,
tendremos que conformarnos con el “café para unos pocos” o, incluso, con ningún
café para ninguna comunidad territorial. En todo caso, el “café” autonómico debe ser no atractivo. Y el café se conseguirá
cuando sea verdaderamente autofinanciable, es decir, solo con los impuestos de
los habitantes de cada territorio autónomo, en vez de ser financiado por el
Estado; o sea, por el resto de los españoles, como ahora. ¡Ah!, y cuando digo
autofinanciación de la autonomía, quiero decir que sea suficiente para pagar
también las amortizaciones y los intereses de la deuda pública de cada
comunidad autónoma. Y el “café” se conseguirá asimismo cuando las competencias
autonómicas sean pocas, tasadas y no ampliables con transferencias de
competencias exclusivas del Estado. En
fin, el “café” autonómico será amargo si deja de ser el chollo que es
actualmente para los nacionalistas, incluso electoralmente, y pasa a ser un mal
negocio. Y, por supuesto, a la comunidad territorial que no le guste esa
autonomía, siempre podrá renunciar a ella, para ser igual que las otras
comunidades de régimen común. ¡Se trata de dejar de privilegiar las Autonomías!
Por supuesto, los partidos mayoritarios y los
nacionalistas persistirán en su actitud de no modificar las Autonomías, aunque
saben que conllevan costosas duplicidades y ruinosos despilfarros. ¿Qué podemos
hacer entonces los ciudadanos para que PP y PSOE se avengan a eliminar las
duplicidades Estado-CCAA, y a reformar profundamente las Autonomías? Pues
sencillamente luchar democráticamente contra ellos hasta que cambien de actitud
sobre este asunto, lo que exige llevar a cabo, entre otras cosas, lo siguiente:
- Influir en la opinión
pública mediante campañas para que sean conscientes de que deben
desaparecer esas costosas duplicidades, reformando el Estado de las
Autonomías.
- Pedir la celebración de un
Referéndum sobre duplicidades Estado-CCAA.
- Exigir la devolución al
Estado de las competencias de Sanidad, Educación y Justicia, así como de
otras que se estimen convenientes para evitar duplicidades y redundancias.
- Votar solo a partidos políticos que propugnen la eliminación
de esas duplicidades mediante la reforma del Estado de las Autonomías; o,
incluso, la eliminación de las CCAA, tras la necesaria reforma de la
Constitución.
© JOAQUÍN JAVALOYS (Junio 2012)
