martes, 19 de marzo de 2013

Educación para la Ciudadanía: las razones ocultas de la polémica


Mariano Bailly-Baillière Torres-Pardo

EpC pretende trascender el ámbito curricular para erigirse en una moral de Estado.

Muchos padres siguen presentando objeciones de conciencia y se mantienen los recursos ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Constitucional.

Educación para la Ciudadanía (EpC) es hoy, como hace seis años en el momento de su implantación, motivo de confrontación política y social. Que una mera asignatura provoque un desacuerdo político tal que determinadas Administraciones se declaren insumisas a los decretos gubernamentales nos ponen ya sobre la pista de que, más allá de ser una asignatura, Educación para la Ciudadanía ha sido y es un instrumento ideológico de primer orden. Y es que, desde su concepción, esta asignatura pretende trascender el ámbito curricular para erigirse en una moral de Estado. Un código de conducta universal que los alumnos deben asumir y practicar.
Es por ello que su implantación, modificación o supresión toca de lleno el debate sobre el papel educador del Estado y los ámbitos de libertad que son propios de la familia y de la sociedad civil en su conjunto. Un debate que, por su trascendencia y sus consecuencias sociológicas y políticas a corto y medio plazo no deja indiferentes a las fuerzas políticas y sociales.
Nos encontramos, actualmente, en una situación en la que las asignaturas que integran este área siguen vigentes, si bien han sufrido algunas modificaciones curriculares. Modificaciones que resultan insuficientes porque, más allá de lógicos recortes en cuanto a sus contenidos, heredan el enfoque moralizador de su formulación original.
La novedad de estas modificaciones y su discusión frontal por parte de los sectores que propiciaron su implantación hacen, de hecho, difícil que estas medidas correctoras puedan tener un impacto significativo. No es menos grave el hecho de que sigan utilizándose, de manera generalizada, los mismos manuales que han sido considerados adoctrinadores por instancias judiciales, políticas y sociales.
Como consecuencia de estos factores, el conflicto de Educación para la Ciudadanía no se ha cerrado y muchos padres siguen presentando escritos de objeción de conciencia por toda la geografía española. Tampoco se ha arbitrado ninguna compensación académica para los alumnos objetores que tienen suspensas estas asignaturas ni se les ha eximido de cursarlas estos próximos años. Así las cosas, los recursos presentados por los padres objetores ante el Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos con sede en Estrasburgo siguen su curso.
La reciente presentación por parte del Ministerio de Educación del Anteproyecto de Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) constituye una nueva oportunidad para resolver el conflicto si, finalmente, el área de Educación para la Ciudadanía queda circunscrita realmente a la transmisión de conocimientos sobre instituciones y legislación democráticas sin invadir el libre ámbito de la moralidad, cuya formación corresponde primera y principalmente a los padres de los alumnos, como reconocen la Constitución y la legislación europea.
Hay que tener en cuenta que la tramitación de una Ley Orgánica requiere de unos plazos de tiempo dilatados, especialmente si ya desde su anteproyecto resulta conflictiva y se pretende, además, que resulte fruto de un consenso político que, a priori, se antoja poco menos que imposible. Hasta su publicación, en el mejor de los casos, el sistema educativo español contará con una serie de asignaturas que son cauce inmejorable para el adoctrinamiento ideológico de los alumnos.
Está en manos de las instancias políticas y de la sociedad cerrar definitivamente el deteriorado ámbito educativo a las injerencias partidistas relegando la educación moral a su ámbito natural: la familia y su entorno social. De otra manera se perpetuará la utilización política de la educación y el intervencionismo estatal en los ámbitos que son propios de una sociedad civil que merezca tal nombre.
Mariano Bailly-Baillière Torres-Pardo es padre objetor a Educación para la Ciudadanía