Benito Fernández
Acabáramos. Debe de ser cosa de la Logse pero desde hace unos años la historia de España comienza con la proclamación de la II República en 1931 y acaba con la muerte de Franco en 1975. Vamos que han reducido nuestra trayectoria histórica centenaria y en algunos casos milenaria a algo más de cincuenta años. Cinco lustros que se resumen en la lucha obrera contra la presión capitalista. Será para que los niños de la Educación para la Ciudadanía puedan aprenderse bien lo de la oprobiosa y la represión franquista y no pierdan el tiempo con los romanos, los iberos, los visigodos, el Califato de Córdoba, los nazaríes, Covadonga, los Reyes Católicos, Carlos I y Felipe II, el Siglo de Oro, el Dos de Mayo y otras tonterías que no hacen sino confundir al personal en nimiedades olvidando lo más importante que no fue otro hecho que el advenimiento ese 14 de abril de 1931 de la II República lastimosamente aplastada por el fascismo.
El vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales, Diego Valderas, que a su vez es coordinador general de IULV-CA, acaba de presentar un proyecto que pretende que esté aprobado a principios del año próximo que se llamará Ley de Memoria Democrática de Andalucía, según el cual (sic) “la Administración andaluza pretende ser garante de la defensa de los derechos fundamentales de la ciudadanía, no permaneciendo “impasible” ante los crímenes de lesa humanidad cometidos en nuestra tierra durante la Dictadura” Asímismo, “la Junta se presentará como denunciante en los casos que se estimen necesarios para la salvaguarda de los derechos individuales y colectivos de los andaluces y las andaluzas, tal y como refleja el artículo 9 del Estatuto de Autonomía, cumpliendo así los objetivos de la norma básica (Ley de Amnistía de 1977 y Ley 52/2007 de Memoria Histórica)”. Valderas ha informado que este nuevo texto legal tiene como objetivos, entre otros, “lograr el reconocimiento de quienes padecieron persecución o violencia por razones políticas, ideológicas o de creencia religiosa, durante la Guerra Civil y la Dictadura; la colaboración de las Administraciones Públicas con los particulares y entidades sin ánimo de lucro para la localización e identificación de víctimas; el facilitar las autorizaciones administrativas para actividades de localización e identificación; el acceso a terrenos afectados por trabajos de localización e identificación y la retirada de símbolos, escudos y monumentos públicos que hagan referencia al antiguo régimen”.
Desde su toma de posesión, a finales del mes de abril, Valderas ha pasado casi desapercibido en el quehacer diario del Ejecutivo de Pepe Griñán y sólo cobró algún protagonismo muy a su pesar tras los asaltos a los supermercados y la marcha jornalera encabezada por su correligionario, el diputado de IULV-CA y alcalde de Marinaleda, Juan Manuel Sánchez Gordillo. Alguien en su partido, el PCA, le ha tenido que llamar la atención y, ni corto ni perezoso, Diego I el Inquisidor se ha puesto manos a la obra. Como es natural no se ha preocupado ni de los parados, cuya cifra en Andalucía supera con creces el millón, ni de la pobreza que inunda los pueblos andaluces ni tan siquiera de buscarle salida a las depauperadas economías municiples, que debería de ser uno de sus cometidos como consejero. No. Valderas, erre que erre, vuelve a dar una vuelta de tuerca a la dichosa Memoria Histórica que ya casi todos habíamos olvidado y amenaza a los ayuntamientos que no retiren los símbolos franquistas que aún permanecen en sus municipios que serán sancionados y no recibirán subvenciones por parte del Gobierno andaluz. Lo que le faltaba a algunos alcaldes para echar el cierre a sus consistorios.
La pregunta es ¿aún queda algún municipio en Andalucía que mantenga el aguilucho franquista o el yugo y las flechas de la Falange? Y de haberlos ¿a alguien le importa algo que queden restos de esos símbolos, por lo demás olvidados, que ya no tienen significación política alguna para la inmensa mayoría de los andaluces? ¿No sería mejor que Valderas se ocupase de que se respete la democracia en algunos ayuntamientos que, como el de Marinaleda, gobiernan miembros de su coalición? Sé que algunos demócratas de toda la vida que viven del carné del partido me tacharán, cómo no, de fascista, pero uno está hasta la mismísima coronilla de aguantar chorradas de una progresía que parece haber perdido, no el norte, sino la brújula entera.
